La igualdad entre hombres y mujeres es un reto al que nunca habremos de renunciar, de la misma manera que hemos de articular, entre todos y todas, una estrategia que conduzca a la igualdad, en su sentido más amplio. Esa igualdad que nos recuerda que el lugar de nacimiento, la religión o procedencia, o las circunstancias sociales o económicas de cada cual no suponen un obstáculo a la hora de contar con las mismas oportunidades. Igualdad para poder acceder a la educación, a las nuevas tecnologías o al conocimiento de un segundo idioma. Igualdad para tener derecho a una vivienda, a una adecuada atención sanitaria o a una atención social ajustada a nuestras necesidades. Igualdad para poder escoger, en libertad, nuestro camino, ese que ha de trazar el recorrido de nuestras vidas.
Las políticas sociales, encargadas de velar por la efectiva igualdad, suelen ir asociadas al concepto gasto social. El debate no es nuevo, pero tendríamos que matizar y sustituir gasto social por inversión social. Nos sirve como ejemplo el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley ha supuesto el reconocimiento de un nuevo derecho subjetivo a la ciudadanía. La inversión que se realiza para el cumplimiento de dicho derecho está teniendo repercusiones muy positivas: primero, y evidentemente, en las personas en situación de dependencia y sus familias; y segundo, en los sectores implicados en la atención a la dependencia, donde se está experimentando un notable crecimiento en las personas ocupadas.
Un ejemplo que podemos trasladar a áreas cercanas como la atención a personas mayores o personas con discapacidad, pero que también podemos encontrarlo en la universalización de la educación infantil. La inversión social no podemos entenderla entonces como mero gasto, es un factor, me atrevería a calificar como esencial, en la cohesión social y territorial, y además, genera empleo estable y no deslocalizable. En determinados municipios, una residencia para personas mayores se convierte, desde su puesta en marcha, en la iniciativa empresarial que genera mayor riqueza; genera empleo en la atención directa y, también, genera empleo en servicios complementarios.
Y dentro de esta reflexión podríamos añadir un cálculo que va más allá de lo cuantitativo. La reflexión tampoco es nueva. Realizamos una importante inversión pública en educación, para formar por igual a hombres y mujeres. Muchos años de inversión, en multitud de ocasiones. Una inversión que no podemos desaprovechar en su 50%. Las mujeres también queremos devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte en nosotras. Las mujeres somos más en el ámbito educativo y formativo, y los datos nos dicen que finalizamos con mayor éxito las distintas etapas de formación.
Las medidas que llevamos a cabo para superar estas manifestaciones de la desigualdad tienen un impacto positivo en toda la sociedad, tal y como indica el Presidente de la Junta de Andalucía, Pepe Griñán, en su exposición de la Economía de la Igualdad. Debemos añadir a esta suma, la inversión realizada para que todas las personas puedan acceder en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades a los servicios. Igualdad también es que una persona que tiene necesidad de ser atendida lo sea en función de sus circunstancias y no de sus recursos económicos.
Desde esta conciencia de las políticas sociales como inversión, y de elemento corrector de las desigualdades, es desde la que debemos comenzar a calcular el verdadero valor de la igualdad.
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