Cuando comenzaron los trabajos que después culminarían con la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, empezó también uno de los retos más importantes para la consolidación del Estado del Bienestar en España. La Junta de Andalucía asumió este reto desde el inicio y, en la actualidad y en el futuro, esta línea de trabajo es y será prioritaria en su acción de gobierno. No bastaba sólo con la aprobación de la ley, sino que había que poner en marcha diferentes medidas para la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia. Al convertir la atención en derecho pasamos de adaptar las necesidades al presupuesto a invertir los términos, adaptar el presupuesto a las necesidades.
Las cifras son reflejo de este trabajo. En Andalucía, a 1 de junio de 2010, hay más de 162.000 personas beneficiarias y se han concedido más de 212.000 prestaciones. Los porcentajes andaluces en solicitudes, valoraciones, personas beneficiarias o prestaciones se sitúan entre el 27% y el 30% con respecto al total de España. Unos porcentajes que están muy por encima de la proporción de población andaluza, que es del 17,8% sobre la española.
Ése ha sido nuestro compromiso como Gobierno, el desarrollo de la ley mediante instrumentos eficaces. Una responsabilidad que ha sido compartida con sindicatos y empresariado, como así se puso de manifiesto en la firma del VII Acuerdo de Concertación Social, al situar la atención a la dependencia como uno de sus ejes centrales.
A esta cooperación debemos añadir una característica del modelo andaluz: la colaboración con los ayuntamientos. Éstos desempeñan un papel fundamental dentro del proceso del reconocimiento y en la prestación de servicios. De acuerdo con esta labor, la Junta de Andalucía financia la contratación de profesionales para los servicios sociales comunitarios, mediante convenios con los ayuntamientos y diputaciones.
En el caso de la prestación de servicios, se financia el de Ayuda a Domicilio de la atención a la dependencia, y se hace también mediante convenios, adelantando semestralmente el coste total que supone los ayuntamientos. Desde 2008 y hasta el primer semestre de 2010, se han invertido más de 448 millones de euros en el Servicio de Ayuda a Domicilio, de forma que Andalucía es la única región en España que lleva a cabo estas medidas de financiación con las corporaciones locales. Actualmente, este servicio atiende a cerca de 40.000 personas en nuestra Comunidad, el 53% de toda España, dando trabajo a más de 13.000 profesionales.
Y ésta es una característica en la que me gustaría incidir, pues la aplicación de la ley no sólo ha conllevado el reconocimiento de un derecho y la prestación de un servicio, sino que también ha sido generador de empleo, fortaleciendo la cohesión social y territorial en Andalucía. El modelo andaluz ha partido de la premisa básica de que las políticas sociales no son un gasto, sino una inversión. En Andalucía son más de dos millones de euros diarios los que se destinan a la atención a la dependencia, una inversión que ha significado una mayor cohesión social y territorial, creando empleo estable y no deslocalizable, es decir, puestos de trabajo vinculados a territorios específicos y a personas concretas.
La atención genera empleo en el entorno de la persona en situación de dependencia, un modelo que ha prestado especial énfasis a los servicios de proximidad, aquéllos que facilitan la permanencia en el hogar siempre y cuando sea posible y se garantice la atención. Se trata de un modelo generador de empleo vinculado al territorio más próximo de las personas dependientes.
El impacto positivo en el empleo podemos verlo en el sector de Servicios Sociales, según datos de la EPA, desde el inicio de 2008 y hasta final de 2009, la población ocupada creció un 40%. En este mismo periodo en España también se ha crecido un 23%.
Lo argumentado hasta este momento es lo que sostiene la posición del Gobierno andaluz en el último Consejo Territorial sobre financiación, respaldada también por todo el Parlamento de Andalucía. Los presupuestos que se destinan a la atención a la dependencia son una inversión, se prestan servicios y se crea empleo, por tanto, la distribución de fondos que se debatía en dicho Consejo debía tener como criterio fundamental la población realmente atendida.
Hasta ahora han sido otros los criterios preponderantes, la distribución se realizaba en función de la población potencialmente dependiente y no del trabajo real que estaban realizando las Comunidades Autónomas. Tres años después del inicio de la aplicación de la ley no se podía mantener este criterio; era la hora de cambiar y de dar una mayor notabilidad a la atención efectiva.
Y así se ha hecho, con las Comunidades Autónomas del Partido Popular manifestándose en contra. El criterio de población realmente atendida en el nuevo modelo aumenta este año del 20% al 44%, y aumentará al 77% en 2011, al 87% en 2012 y al 97% en 2013.
Este cambio no debe entenderse como un favor para Andalucía. Las Comunidades Autónomas tienen que recibir fondos en función de la inversión que hacen y las personas que atienden, y no por el número de habitantes, aunque ese criterio también era favorable para Andalucía, al ser la región más poblada. No queremos favores, queremos criterios justos de reparto. Nuestra postura era un cambio a favor de las personas en situación de dependencia, defendiendo los intereses de quienes están recibiendo los servicios contemplados en la ley. Una financiación justa contribuye a una mejor calidad de vida en la atención de las personas en situación de dependencia y sus familias.
