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martes, 17 de abril de 2012

El derecho a una vida sin violencia



Cada día seguimos recibiendo noticias de mujeres agredidas, arrojadas por las ventanas, degolladas, apuñaladas, tiroteadas, apaleadas…Unas “sobreviven” y otras mueren a manos de los hombres que un día eligieron para formar un proyecto de vida en común. Siempre el mismo resultado, aunque nunca la misma historia.

El pasado fin de semana, nos hemos vuelto a despertar con la noticia de dos mujeres muertas a manos de sus parejas en nuestro país, lo que ha vuelto a poner en primera fila que sigue siendo necesario todo el esfuerzo y la colaboración de todas las instituciones e instancias sociales para su erradicación.

Hablar de estos nuevos episodios de malos tratos es mucho más que transmitir una realidad, es reflexionar en voz alta de un hecho que no me deja indiferente, que no nos deja indiferentes, es ponerle nombre y apellidos, rostro, a cada una de las víctimas.

Una de las víctimas de este fin de semana era sevillana y probablemente la violencia hubiese sido en su vida una dinámica habitual y presente en cada uno de los días que convivió con su agresor. Pero siempre guardó silencio, no hizo pública su situación, no denunció.

Rosario, como otras muchas mujeres que siguen sufriendo agresiones por parte de sus parejas, desconocía que no estaba sola. No sabía que podía haber estado informada y acompañada desde los centros de Información a la Mujer, los juzgados, los centros sanitarios.

Y es que hasta que no se interpone una denuncia contra el agresor no podemos empezar a actuar. Es a partir de este momento, con la información y el asesoramiento adecuado cuando ponemos a funcionar los servicios públicos.

Eso fue lo que hicieron durante el pasado año 76 mujeres cada día, que dijeron no a la violencia que sobre ella ejercían sus parejas, que rompieron su silencio y vinieron a buscar ayuda. Deseo profundamente que se hayan sentido seguras, que no las hayamos decepcionado, y que la respuesta inmediata y de acompañamiento permanente que pretende garantizar nuestro sistema haya significado un paso más hacia la conquista de su libertad y de las de sus hijos e hijas.

El creciente número de denuncias interpuestas por malos tratos en los últimos años es, sin duda alguna, una buena noticia, pero sabemos que como punta de un iceberg, esta epidemia social sólo deja ver una mínima parte del problema. Por eso tenemos que llegar a todas las mujeres, es necesario y urgente, porque, para ellas, puede suponer un seguro de vida.

La mejor forma de hacerlo es mediante la información y la sensibilización social frente al grave problema de la violencia de género, y extender la tolerancia cero hacia el maltrato. Retroceder en las actuaciones contra los malos tratos es dejar desprotegidas a las víctimas. Por eso necesitamos seguir aunando esfuerzos y seguir dando respuestas desde todas las administraciones públicas, agentes sociales y económicos, medios de comunicación... En definitiva, desde toda la sociedad, porque nadie puede estar al margen de esta lucha que afecta a los derechos fundamentales de las mujeres.

Andalucía no dará pasos atrás, seguiremos caminando en la dirección correcta, poniendo el acento en la prevención desde el prisma de que para atajar la violencia también se requiere remover las raíces mismas de la sociedad, por la profunda huella que siglos de desigualdad han dejado en nuestra conciencia social. En el terreno económico, en el político, en el familiar, en el social y en el cultural, aspiramos a otro modelo de convivencia. Por eso, vamos a seguir trabajando en todos los frentes. Lo hemos hecho aumentando los recursos, tanto en la prevención como en la atención a las víctimas. Lo hemos hecho en todos los niveles, desde la formulación de políticas públicas hasta la atención sanitaria o la labor judicial.

Esta lucha ha sido el gran objetivo del Gobierno andaluz y lo seguirá siendo. Hemos avanzado, sin duda, pero acabar con esta lacra nos va a exigir a todos, a todas, a toda la sociedad, mucho más. Y el Gobierno de Andalucía está dispuesto a seguir con este gran esfuerzo y no vamos a parar por muy largo o difícil que parezca este camino.


jueves, 8 de marzo de 2012

Ni un paso atrás




En los últimos 30 años las mujeres hemos dado pasos muy importantes hacia la igualdad. No ha sido un camino fácil. De hecho, seguimos caminando. Y lo hacemos porque muchas mujeres, antes que nosotras, comenzaron a recorrer esa senda. Mujeres feministas, organizadas, mujeres de asociaciones y de partidos políticos, mujeres comprometidas, mujeres que lucharon por nuestros derechos, nuestras madres y abuelas, que construyeron una sociedad más igualitaria y que pelearon por nuestra libertad.

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, no es como el de los últimos años. Porque este 8 de marzo las mujeres tenemos poco que celebrar y mucho que reivindicar. Se avecinan tiempos difíciles para la igualdad en nuestro país. Hace apenas un año, costaba pensar que todo lo conseguido, todo lo logrado con el esfuerzo de muchas y muchos, podría caer como un castillo de naipes.

Durante los últimos años nuestro país ha destacado en el ámbito internacional, ha sido una envidiada referencia en todo lo relativo a la igualdad de género.  Han sido los avances más significativos y profundos de nuestra historia. Leyes de importante calado como la de Igualdad y contra la Violencia de Género han logrado situarnos como referente europeo en políticas innovadoras para la igualdad y han configurado los pilares fundamentales para luchar contra la discriminación, que son los que sustentan, tal y como la ONU lo denomina, la “arquitectura de género”.

El ansiado objetivo de la igualdad formal, como antesala de la igualdad real,  empezaba a ser una realidad. Pero no hay nada consolidado. Cada día nos lo demuestra el actual Gobierno del PP, que  ya ha iniciado el retroceso en derechos y comienza a hacer realidad sus amenazas de revisión o supresión de los avances legislativos en materia de igualdad. Empezamos a saber cuáles son sus intenciones. Ya sabemos que cuestionan el derecho a que una mujer decida libremente sobre cuándo y cómo quiere ser madre; también, que no aceptan el derecho a que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, y también sabemos, desgraciadamente, que corremos el riesgo de perder una protección eficaz contra la violencia de género. 

Una mención aparte hay que hacer a la Reforma del Mercado Laboral, que atenta directamente contra los derechos laborales de todos y de todas, pero especialmente se ceba con los de las mujeres. Peligra el derecho a la  conciliación, acrecienta los obstáculos en el acceso y en el mantenimiento del empleo, así como en la promoción y va a repercutir en el aumento de la brecha salarial. Y, como consecuencia directa, esa diferencia de retribución acompañará a las mujeres a lo largo de su vida, con menores prestaciones por desempleo y pensiones de jubilación más bajas.

Así que no sólo seremos más pobres, sino que tendremos también menos poder de negociación con respecto al ámbito familiar, para alcanzar acuerdos en materia de corresponsabilidad. Y es así como cerramos este círculo tan peligroso, regresando al principio, retrocediendo. Ninguna economía, y menos aún en tiempos de crisis, se puede permitir despilfarrar la mitad del capital humano. Seguir relegando a las mujeres al trabajo doméstico, poniendo como excusa la crisis económica, acaba siendo más costoso que implementar medidas para que los hombres compartan las tareas del hogar y del cuidado y más costoso aún que la puesta en marcha de recursos públicos que permitan la conciliación, que es como Andalucía quiere contribuir a dinamizar el mercado de trabajo dentro del nuevo patrón de crecimiento.

El objetivo del Gobierno andaluz es desarrollar políticas para un modelo de crecimiento cohesionado,  que sea capaz de ofrecer mayores oportunidades a la infancia y la juventud, más seguridad y bienestar a las personas mayores y en  situación de dependencia, y a su vez generar empleo para los hombres y mujeres de Andalucía. Políticas que no dejen atrás a nadie. La desigualdad nos lleva siglos de ventaja, cualquier paso atrás va a suponer que, por primera vez en la historia, nuestros hijos y nuestras hijas corran el riesgo de no poder disfrutar de derechos por los que pelearon nuestros padres y nuestras madres. Porque nos queda mucho trabajo por hacer, y aún más esfuerzo por realizar, este 8 de marzo hago, más que en ningún otro, un llamamiento a toda la ciudadanía para que siga reclamando el derecho a la igualdad real entre hombres y mujeres.




sábado, 3 de diciembre de 2011

Un aplauso continuo...


3 de diciembre de 2011

Día Internacional de la personas con discapacidad


Sucedió en el último pleno del Parlamento de Andalucía. Después del debate se procedió a la votación y todos los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad una nueva ley. Sabíamos que estábamos haciendo algo importante, pero más tarde tuvimos la ocasión de ver la dimensión que tenía el paso dado. La ley aprobada regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

En el pleno estaban las principales entidades y asociaciones, representando tanto a las personas con discapacidad del sector, como a sus familias; ambas han tenido un papel muy importante en la formulación de esta norma. Entre el público también se encontraba una madre con su hija, a la que con lengua de signos transmitió todas las intervenciones; imagino que con palabras no tan adultas y no tan parlamentarias. Si la madre quiso que su hija estuviera allí, es porque lo que estaba ocurriendo será importante en su vida.

Aprobada la ley, nos dirigimos al patio para estar con quienes habían seguido el pleno desde una sala contigua. Allí había alegría, abrazos, felicitaciones en un continuo aplauso de manos alzadas. Más de 250 personas que eran una pequeña parte de las 176.000 con discapacidad auditiva que hay en Andalucía y que podrán beneficiarse de esta ley. Un detalle más, al trasladarnos para hacernos la foto junto con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, sentí cierta desorientación. 

Tenías que comunicarle a las personas que estaban allí que nos cambiábamos de sitio. ¿Pero cómo decírselo? ¿Cómo hacerlo?

Para eso es esta ley. El Gobierno andaluz realiza una apuesta firme para que las personas con discapacidad participen en todos los ámbitos de forma plena, tanto en el social, económico y laboral. Tenemos que conseguir la normalización en la vida cotidiana con una ley que mejora la comunicación, mejorándola para toda la sociedad andaluza.

Una ley que es la primera ley autonómica de este carácter en España, con características importantes como: el reconocimiento del derecho de libre opción de las personas a elegir la lengua de signos o la comunicación oral con los apoyo que sean necesarios; la promoción al acceso de profesionales de LSE en todos los ámbitos de participación; la garantía del respeto, uso, enseñanza y protección de la Lengua de signos y de la lengua oral; y sobre todo, que es una norma plural que permite a las personas optar libremente por el modelo de comunicación que consideren.

Éste es un paso más para la consecución de la igualdad de oportunidades entre todas las personas, y la alegría del pasado pleno del Parlamento era el fiel reflejo.


viernes, 29 de octubre de 2010

Con el juego no se juega


Artículo de opinión publicado en El Correo de Andalucía.

29 de octubre de 2010. Día sin juegos de azar

Hoy, 29 de octubre, celebramos el Día Sin Juegos de Azar, una cita ineludible para recordar a toda la sociedad los riesgos que entraña el uso indiscriminado y abusivo de este tipo de prácticas. Y eso es algo que saben perfectamente, y mejor que nadie, las personas afectadas por el juego patológico, sus familias y seres queridos.

Son muchas las personas que luchan todos los días para superar esta adicción de consecuencias muy dolorosas y que han decidido normalizar sus vidas con la ayuda de una amplia red de recursos públicos y concertados que la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Federación Andaluza de Jugadores en Rehabilitación Fajer y de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Fapeja, ha desarrollado en la última década para luchar contra esta adicción.

Por eso, la Junta de Andalucía, junto a las entidades sociales, y con el apoyo de la Universidad de Sevilla, celebra este Día Sin Juegos de Azar, para decirle a los andaluces y andaluzas que con el juego no se juega, y para recalcar que nuestro objetivo fundamental es mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, a través de unas estrategias coordinadas e integrales de prevención, información y formación, atención y rehabilitación.

Hoy es importante decirle a los ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, pero en especial a la juventud, que debemos ser responsables de nuestros actos y también, y sobre todo, de sus consecuencias. Todo acto conlleva una consecuencia y, en algunos casos, consecuencias que no controlamos, que nos hacen daño, a nosotros mismos y a nuestra familia.

Según el último informe de los centros de tratamiento ambulatorio de la red pública de drogodependencias y adicciones de Andalucía, el pasado año fueron admitidas a tratamiento 865 personas por juego patológico, el 93,4% de ellas, hombres, lo que revela una acentuada masculinización de este problema. Pero también debemos subrayar que una de los consecuencias más perniciosas de esta adicción son los problemas de convivencia familiar que genera. No en vano, el 89,8% de las personas admitidas a tratamiento identifican los conflictos en el seno de la familia como el principal problema ocasionado por el juego.

Por esa razón, debemos seguir insistiendo en la necesidad de trabajar con las familias, el sector educativo, las entidades sociales y los medios de comunicación, para potenciar entre todos la labor preventiva de las adicciones y sus nefastas consecuencias.

Andalucía ha sido pionera en España a la hora de reconocer la importancia y gravedad del conjunto de problemas que desencadena la conducta patológica relacionada con los juegos de azar, y en el desarrollo de medidas de prevención y tratamiento para las personas que padecen esta “adicción sin sustancia”. Ya en el año 1997, la Ley Andaluza de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas incorporó en su marco normativo este tipo de adicción y, a partir de entonces, el Gobierno andaluz no ha dudado en consolidar una importante red de recursos de tratamiento y programas para atender las demandas directas de las personas afectadas por el juego patológico y sus familias, a la vez que ha ido impulsando nuevas actuaciones de prevención, atención e inclusión social.

Con el Segundo Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, consolidamos esta estrategia y ampliamos y diversificamos los ámbitos de actuación. Gracias a ese trabajo, actualmente disponemos ya de nueve Centros específicos de Tratamiento Ambulatorio de Atención al Juego Patológico. Estamos hablando de centros públicos especializados, donde se garantiza la calidad de los servicios que se prestan a las personas afectadas.

Además, a través del Programa de Prevención Comunitaria “Ciudades ante las Drogas”, desarrollado en colaboración con las Corporaciones Locales desde el año 1997, hemos llevado a cabo numerosas actividades preventivas y de sensibilización sobre el juego patológico. Y en colaboración con las nueve Universidades Públicas andaluzas, también estamos trabajando en esta estrategia de prevención, generando una importante red de educadores y mediadores juveniles para la salud.

El desarrollo de las nuevas tecnologías (internet, móviles, videojuegos…) nos abre la puerta a nuevas oportunidades, nos permite volar libremente, romper barreras y fronteras, pero también, desgraciadamente, se puede convertir en nuestro carcelero. Hay que distinguir muy bien entre el uso y el abuso. Por tal motivo, estamos desarrollando un nuevo proyecto de investigación, en colaboración con la Universidad de Sevilla, para conocer en mayor profundidad el impacto y riesgos que las nuevas tecnologías pueden tener entre la juventud.

Todas estas actuaciones se van a ver reforzadas con el tercer Plan de Drogas y Adicciones en Andalucía, actualmente en proceso de elaboración, que seguirá dando respuestas a las necesidades y demandas de las personas con problemas de adicción y sus familias, de una manera integral y adaptada a las nuevas realidades.

sábado, 19 de junio de 2010

Dependencia: servicios, empleo y financiación


Cuando comenzaron los trabajos que después culminarían con la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, empezó también uno de los retos más importantes para la consolidación del Estado del Bienestar en España. La Junta de Andalucía asumió este reto desde el inicio y, en la actualidad y en el futuro, esta línea de trabajo es y será prioritaria en su acción de gobierno. No bastaba sólo con la aprobación de la ley, sino que había que poner en marcha diferentes medidas para la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia. Al convertir la atención en derecho pasamos de adaptar las necesidades al presupuesto a invertir los términos, adaptar el presupuesto a las necesidades.

Las cifras son reflejo de este trabajo. En Andalucía, a 1 de junio de 2010, hay más de 162.000 personas beneficiarias y se han concedido más de 212.000 prestaciones. Los porcentajes andaluces en solicitudes, valoraciones, personas beneficiarias o prestaciones se sitúan entre el 27% y el 30% con respecto al total de España. Unos porcentajes que están muy por encima de la proporción de población andaluza, que es del 17,8% sobre la española.

Ése ha sido nuestro compromiso como Gobierno, el desarrollo de la ley mediante instrumentos eficaces. Una responsabilidad que ha sido compartida con sindicatos y empresariado, como así se puso de manifiesto en la firma del VII Acuerdo de Concertación Social, al situar la atención a la dependencia como uno de sus ejes centrales.

A esta cooperación debemos añadir una característica del modelo andaluz: la colaboración con los ayuntamientos. Éstos desempeñan un papel fundamental dentro del proceso del reconocimiento y en la prestación de servicios. De acuerdo con esta labor, la Junta de Andalucía financia la contratación de profesionales para los servicios sociales comunitarios, mediante convenios con los ayuntamientos y diputaciones.

En el caso de la prestación de servicios, se financia el de Ayuda a Domicilio de la atención a la dependencia, y se hace también mediante convenios, adelantando semestralmente el coste total que supone los ayuntamientos. Desde 2008 y hasta el primer semestre de 2010, se han invertido más de 448 millones de euros en el Servicio de Ayuda a Domicilio, de forma que Andalucía es la única región en España que lleva a cabo estas medidas de financiación con las corporaciones locales. Actualmente, este servicio atiende a cerca de 40.000 personas en nuestra Comunidad, el 53% de toda España, dando trabajo a más de 13.000 profesionales.

Y ésta es una característica en la que me gustaría incidir, pues la aplicación de la ley no sólo ha conllevado el reconocimiento de un derecho y la prestación de un servicio, sino que también ha sido generador de empleo, fortaleciendo la cohesión social y territorial en Andalucía. El modelo andaluz ha partido de la premisa básica de que las políticas sociales no son un gasto, sino una inversión. En Andalucía son más de dos millones de euros diarios los que se destinan a la atención a la dependencia, una inversión que ha significado una mayor cohesión social y territorial, creando empleo estable y no deslocalizable, es decir, puestos de trabajo vinculados a territorios específicos y a personas concretas.

La atención genera empleo en el entorno de la persona en situación de dependencia, un modelo que ha prestado especial énfasis a los servicios de proximidad, aquéllos que facilitan la permanencia en el hogar siempre y cuando sea posible y se garantice la atención. Se trata de un modelo generador de empleo vinculado al territorio más próximo de las personas dependientes.

El impacto positivo en el empleo podemos verlo en el sector de Servicios Sociales, según datos de la EPA, desde el inicio de 2008 y hasta final de 2009, la población ocupada creció un 40%. En este mismo periodo en España también se ha crecido un 23%.

Lo argumentado hasta este momento es lo que sostiene la posición del Gobierno andaluz en el último Consejo Territorial sobre financiación, respaldada también por todo el Parlamento de Andalucía. Los presupuestos que se destinan a la atención a la dependencia son una inversión, se prestan servicios y se crea empleo, por tanto, la distribución de fondos que se debatía en dicho Consejo debía tener como criterio fundamental la población realmente atendida.

Hasta ahora han sido otros los criterios preponderantes, la distribución se realizaba en función de la población potencialmente dependiente y no del trabajo real que estaban realizando las Comunidades Autónomas. Tres años después del inicio de la aplicación de la ley no se podía mantener este criterio; era la hora de cambiar y de dar una mayor notabilidad a la atención efectiva.

Y así se ha hecho, con las Comunidades Autónomas del Partido Popular manifestándose en contra. El criterio de población realmente atendida en el nuevo modelo aumenta este año del 20% al 44%, y aumentará al 77% en 2011, al 87% en 2012 y al 97% en 2013.

Este cambio no debe entenderse como un favor para Andalucía. Las Comunidades Autónomas tienen que recibir fondos en función de la inversión que hacen y las personas que atienden, y no por el número de habitantes, aunque ese criterio también era favorable para Andalucía, al ser la región más poblada. No queremos favores, queremos criterios justos de reparto. Nuestra postura era un cambio a favor de las personas en situación de dependencia, defendiendo los intereses de quienes están recibiendo los servicios contemplados en la ley. Una financiación justa contribuye a una mejor calidad de vida en la atención de las personas en situación de dependencia y sus familias.