Con el juego no se juega

Artículo de opinión publicado en El Correo de Andalucía.

29 de octubre de 2010. Día sin juegos de azar

Hoy, 29 de octubre, celebramos el Día Sin Juegos de Azar, una cita ineludible para recordar a toda la sociedad los riesgos que entraña el uso indiscriminado y abusivo de este tipo de prácticas. Y eso es algo que saben perfectamente, y mejor que nadie, las personas afectadas por el juego patológico, sus familias y seres queridos.

Son muchas las personas que luchan todos los días para superar esta adicción de consecuencias muy dolorosas y que han decidido normalizar sus vidas con la ayuda de una amplia red de recursos públicos y concertados que la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Federación Andaluza de Jugadores en Rehabilitación Fajer y de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Fapeja, ha desarrollado en la última década para luchar contra esta adicción.

Por eso, la Junta de Andalucía, junto a las entidades sociales, y con el apoyo de la Universidad de Sevilla, celebra este Día Sin Juegos de Azar, para decirle a los andaluces y andaluzas que con el juego no se juega, y para recalcar que nuestro objetivo fundamental es mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, a través de unas estrategias coordinadas e integrales de prevención, información y formación, atención y rehabilitación.

Hoy es importante decirle a los ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, pero en especial a la juventud, que debemos ser responsables de nuestros actos y también, y sobre todo, de sus consecuencias. Todo acto conlleva una consecuencia y, en algunos casos, consecuencias que no controlamos, que nos hacen daño, a nosotros mismos y a nuestra familia.

Según el último informe de los centros de tratamiento ambulatorio de la red pública de drogodependencias y adicciones de Andalucía, el pasado año fueron admitidas a tratamiento 865 personas por juego patológico, el 93,4% de ellas, hombres, lo que revela una acentuada masculinización de este problema. Pero también debemos subrayar que una de los consecuencias más perniciosas de esta adicción son los problemas de convivencia familiar que genera. No en vano, el 89,8% de las personas admitidas a tratamiento identifican los conflictos en el seno de la familia como el principal problema ocasionado por el juego.

Por esa razón, debemos seguir insistiendo en la necesidad de trabajar con las familias, el sector educativo, las entidades sociales y los medios de comunicación, para potenciar entre todos la labor preventiva de las adicciones y sus nefastas consecuencias.

Andalucía ha sido pionera en España a la hora de reconocer la importancia y gravedad del conjunto de problemas que desencadena la conducta patológica relacionada con los juegos de azar, y en el desarrollo de medidas de prevención y tratamiento para las personas que padecen esta “adicción sin sustancia”. Ya en el año 1997, la Ley Andaluza de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas incorporó en su marco normativo este tipo de adicción y, a partir de entonces, el Gobierno andaluz no ha dudado en consolidar una importante red de recursos de tratamiento y programas para atender las demandas directas de las personas afectadas por el juego patológico y sus familias, a la vez que ha ido impulsando nuevas actuaciones de prevención, atención e inclusión social.

Con el Segundo Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, consolidamos esta estrategia y ampliamos y diversificamos los ámbitos de actuación. Gracias a ese trabajo, actualmente disponemos ya de nueve Centros específicos de Tratamiento Ambulatorio de Atención al Juego Patológico. Estamos hablando de centros públicos especializados, donde se garantiza la calidad de los servicios que se prestan a las personas afectadas.

Además, a través del Programa de Prevención Comunitaria “Ciudades ante las Drogas”, desarrollado en colaboración con las Corporaciones Locales desde el año 1997, hemos llevado a cabo numerosas actividades preventivas y de sensibilización sobre el juego patológico. Y en colaboración con las nueve Universidades Públicas andaluzas, también estamos trabajando en esta estrategia de prevención, generando una importante red de educadores y mediadores juveniles para la salud.

El desarrollo de las nuevas tecnologías (internet, móviles, videojuegos…) nos abre la puerta a nuevas oportunidades, nos permite volar libremente, romper barreras y fronteras, pero también, desgraciadamente, se puede convertir en nuestro carcelero. Hay que distinguir muy bien entre el uso y el abuso. Por tal motivo, estamos desarrollando un nuevo proyecto de investigación, en colaboración con la Universidad de Sevilla, para conocer en mayor profundidad el impacto y riesgos que las nuevas tecnologías pueden tener entre la juventud.

Todas estas actuaciones se van a ver reforzadas con el tercer Plan de Drogas y Adicciones en Andalucía, actualmente en proceso de elaboración, que seguirá dando respuestas a las necesidades y demandas de las personas con problemas de adicción y sus familias, de una manera integral y adaptada a las nuevas realidades.

Dependencia: servicios, empleo y financiación

Artículo de opinión publicado en El Correo de Andalucía. 19 de junio de 2010.

Cuando comenzaron los trabajos que después culminarían con la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, empezó también uno de los retos más importantes para la consolidación del Estado del Bienestar en España. La Junta de Andalucía asumió este reto desde el inicio y, en la actualidad y en el futuro, esta línea de trabajo es y será prioritaria en su acción de gobierno. No bastaba sólo con la aprobación de la ley, sino que había que poner en marcha diferentes medidas para la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia. Al convertir la atención en derecho pasamos de adaptar las necesidades al presupuesto a invertir los términos, adaptar el presupuesto a las necesidades.

Las cifras son reflejo de este trabajo. En Andalucía, a 1 de junio de 2010, hay más de 162.000 personas beneficiarias y se han concedido más de 212.000 prestaciones. Los porcentajes andaluces en solicitudes, valoraciones, personas beneficiarias o prestaciones se sitúan entre el 27% y el 30% con respecto al total de España. Unos porcentajes que están muy por encima de la proporción de población andaluza, que es del 17,8% sobre la española.

Ése ha sido nuestro compromiso como Gobierno, el desarrollo de la ley mediante instrumentos eficaces. Una responsabilidad que ha sido compartida con sindicatos y empresariado, como así se puso de manifiesto en la firma del VII Acuerdo de Concertación Social, al situar la atención a la dependencia como uno de sus ejes centrales.

A esta cooperación debemos añadir una característica del modelo andaluz: la colaboración con los ayuntamientos. Éstos desempeñan un papel fundamental dentro del proceso del reconocimiento y en la prestación de servicios. De acuerdo con esta labor, la Junta de Andalucía financia la contratación de profesionales para los servicios sociales comunitarios, mediante convenios con los ayuntamientos y diputaciones.

En el caso de la prestación de servicios, se financia el de Ayuda a Domicilio de la atención a la dependencia, y se hace también mediante convenios, adelantando semestralmente el coste total que supone los ayuntamientos. Desde 2008 y hasta el primer semestre de 2010, se han invertido más de 448 millones de euros en el Servicio de Ayuda a Domicilio, de forma que Andalucía es la única región en España que lleva a cabo estas medidas de financiación con las corporaciones locales. Actualmente, este servicio atiende a cerca de 40.000 personas en nuestra Comunidad, el 53% de toda España, dando trabajo a más de 13.000 profesionales.

Y ésta es una característica en la que me gustaría incidir, pues la aplicación de la ley no sólo ha conllevado el reconocimiento de un derecho y la prestación de un servicio, sino que también ha sido generador de empleo, fortaleciendo la cohesión social y territorial en Andalucía. El modelo andaluz ha partido de la premisa básica de que las políticas sociales no son un gasto, sino una inversión. En Andalucía son más de dos millones de euros diarios los que se destinan a la atención a la dependencia, una inversión que ha significado una mayor cohesión social y territorial, creando empleo estable y no deslocalizable, es decir, puestos de trabajo vinculados a territorios específicos y a personas concretas.

La atención genera empleo en el entorno de la persona en situación de dependencia, un modelo que ha prestado especial énfasis a los servicios de proximidad, aquéllos que facilitan la permanencia en el hogar siempre y cuando sea posible y se garantice la atención. Se trata de un modelo generador de empleo vinculado al territorio más próximo de las personas dependientes.

El impacto positivo en el empleo podemos verlo en el sector de Servicios Sociales, según datos de la EPA, desde el inicio de 2008 y hasta final de 2009, la población ocupada creció un 40%. En este mismo periodo en España también se ha crecido un 23%.

Lo argumentado hasta este momento es lo que sostiene la posición del Gobierno andaluz en el último Consejo Territorial sobre financiación, respaldada también por todo el Parlamento de Andalucía. Los presupuestos que se destinan a la atención a la dependencia son una inversión, se prestan servicios y se crea empleo, por tanto, la distribución de fondos que se debatía en dicho Consejo debía tener como criterio fundamental la población realmente atendida.

Hasta ahora han sido otros los criterios preponderantes, la distribución se realizaba en función de la población potencialmente dependiente y no del trabajo real que estaban realizando las Comunidades Autónomas. Tres años después del inicio de la aplicación de la ley no se podía mantener este criterio; era la hora de cambiar y de dar una mayor notabilidad a la atención efectiva.

Y así se ha hecho, con las Comunidades Autónomas del Partido Popular manifestándose en contra. El criterio de población realmente atendida en el nuevo modelo aumenta este año del 20% al 44%, y aumentará al 77% en 2011, al 87% en 2012 y al 97% en 2013.

Este cambio no debe entenderse como un favor para Andalucía. Las Comunidades Autónomas tienen que recibir fondos en función de la inversión que hacen y las personas que atienden, y no por el número de habitantes, aunque ese criterio también era favorable para Andalucía, al ser la región más poblada. No queremos favores, queremos criterios justos de reparto. Nuestra postura era un cambio a favor de las personas en situación de dependencia, defendiendo los intereses de quienes están recibiendo los servicios contemplados en la ley. Una financiación justa contribuye a una mejor calidad de vida en la atención de las personas en situación de dependencia y sus familias.